El Tribunal de Justicia de la UE acaba de condenar a España por eximir a las bibliotecas públicas de pagar un canon por el préstamo de libros y no acatar convenientemente una de sus directivas. La directiva en cuestión, aprobada por la UE en 1992, obligaba a los estados a establecer un canon por préstamo bibliotecario. Es decir, disponía que los autores no sólo deben cobrar derechos de autor cuando se compra uno de sus libros, sino también cuando se presta.
Dado que la Directiva permitía establecer ciertas excepciones a esta obligación, el Ministerio de Cultura intentó eximir a todas las bibliotecas públicas de este canon, pero, por lo que se ve, la cosa no ha colado.
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