En efecto, la idea de maximizar la libertad real para todos, especialmente para los más desfavorecidos, es central en nuestra defensa de la RBU. Este objetivo se consigue, al menos parcialmente, gracias a su carácter radicalmente incondicional (se otorga con independencia de la situación económica o familiar del receptor), que facilita la independencia financiera –mayor cuanto mayor sea la RBU– y debería permitir a las partes más débiles de un contrato (el trabajador en el contrato laboral o la mujer en el matrimonio) incrementar su autonomía.
Si la RBU es una síntesis pragmática de la protección de las libertades individuales propia de las tradiciones libertarias y liberales, y la crítica marxista de los sistemas formales de libertades desvinculados de sus fundamentos materiales, ¿por qué no pueden cumplir esta función los subsidios condicionales?
Los subsidios condicionales, como la Renta Mínima de Inserción francesa, son medios importantes en la lucha contra la pobreza, pero sin duda cualquier avance hacia una mayor incondicionalidad significa un mayor grado de libertad individual. Por ejemplo, si a diferencia de lo que suele suceder en los subsidios condicionales, no se toma en cuenta el hecho de vivir en pareja a la hora de determinar la cantidad asignada, se fomenta la libertad de elección de cada uno de los cónyuges. Por otro lado, la introducción de la RBU como derecho económico sería equivalente a lo que fue la introducción del derecho político al sufragio universal. Sin una garantía económica que permita la lucha contra la explotación, la libertad política es, efectivamente, tan sólo formal.
¿Se puede considerar la RBU como una condición para que la participación política vaya más allá del simple consumo?
La propia concepción republicana de la propuesta (la renta de “la ciudadanía") da a entender que uno de sus efectos deseables sería permitir a los ciudadanos tomar parte más activamente en los asuntos públicos. Hay quien ha llegado a decir que los ciudadanos que se beneficien de esta renta tienen la obligación, al menos moral, de participar en los asuntos públicos. Van Parijs y yo creemos que este tipo de efectos son deseables, como también lo sería que la RBU diera nueva vida a las redes sociales. En resumen, creemos que la libertad política no puede ejercerse sin una seguridad económica relativa. No obstante, nuestra defensa de la RBU es ante todo una defensa liberal (en el sentido del liberalismo político de John Rawls): para demostrar la necesidad de una asignación universal no hace ninguna falta apelar a los valores de la ciudadanía republicana. Le corresponde a cada uno determinar por sí mismo lo que quiere hacer con la libertad real que confiere la RBU.
Me gustaría que me indicara qué piensa de las siguientes objeciones que con frecuencia se plantean a la adopción de la RBU:
1- Sería demasiado cara
Todo depende del importe de la RBU, de las formas de financiación (supresión de los subsidios existentes, adaptación de la fiscalidad…) y de los efectos esperados sobre el mercado de trabajo.
2- Sería perjudicial para el mercado de trabajo
Al contrario, nosotros creemos que si se asegurara a todos una renta incondicional, se potenciaría el acceso al mercado de trabajo. Ahora mismo, se penaliza a los miembros de ciertos grupos desfavorecidos que consiguen un empleo, ya que si sus ingresos mejoran pierden los subsidios financieros y materiales, como el derecho a una vivienda social. Es lo que se conoce como “trampa del paro”. En la medida en que la RBU se conserva después de conseguir un empleo, ayuda a desbloquear esta situación.
3- Su aplicación en un sólo país o región provocaría crisis migratorias y desequilibrios demográficos.
Los datos sobre migraciones internacionales no nos permiten deducir que una medida de este tipo fuera a tener grandes repercusiones demográficas. No obstante, nos parecería legítimo reservar el acceso a la RBU a las personas que lleven más de cinco años viviendo en un país y condicionar el acceso a esta ayuda al aprendizaje de la lengua del país de acogida. Por otro lado, lo ideal desde este punto de vista sería instituir una asignación universal europea.
4- Viola el principio de reciprocidad (da algo a cambio de nada)
El principio de reciprocidad es extraordinariamente ambiguo. ¿Cómo definir la contribución necesaria para que se considere respetada esta reciprocidad? ¿Sólo debemos tener en cuenta el trabajo asalariado o valen también otras actividades? ¿Cómo controlar el grado de cumplimiento de estas actividades para verificar que dan derecho a la asignación? Es imprescindible cuestionar la idea de que todo derecho genera necesariamente obligaciones. Esta idea de reciprocidad simple conlleva consecuencias absurdas en materia de libertades políticas. La libertad de expresión, un derecho fundamental en nuestras sociedades, no implica ninguna obligación de expresarse. En la mayor parte de los países, la libertad de voto no implica obligación de votar. ¿Qué nos hace pensar que un derecho fundamental, como es el derecho a la seguridad económica, implica obligaciones específicas?
¿Cree usted que una adopción de la RBU sin garantías de continuidad –por ejemplo, dentro de un programa político oportunista– sigue siendo preferible a su no adopción?
Es claramente preferible una RBU modesta, pero sostenible, a otra más alta pero con un periodo de vida incierto. Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es que garantiza una seguridad económica que permite asumir riesgos. Si se introduce incertidumbre acerca de la duración de la medida, se eliminan algunas de sus propiedades más atractivas.
¿Qué es el fetichismo del trabajo?
El fetichismo del trabajo es la idea de que la realización personal pasa sólo y necesariamente por el trabajo asalariado. Sin duda, el trabajo sigue siendo extremadamente importante dentro de las sociedades desarrolladas como vector de reconocimiento público y de autoestima, pero esto no significa que las políticas públicas deban potenciar el trabajo a cualquier precio, sin tener en cuenta su calidad o sus aspectos formativos y valorizadores. Por otro lado, nos parece evidente que hay actividades que no son directamente productivas, como criar hijos, formarse o participar en la vida social en sentido amplio, que son preferibles a actividades productivas de dudoso valor social (piénsese en la innumerable cantidad de productos inútiles y contaminantes que se fabrican).
Van Parijs y usted hablan a menudo de la existencia de dos grandes modelos de políticas públicas frente a la exclusión y la pobreza: un modelo europeo de paro alto y baja pobreza y un modelo americano de paro bajo y pobreza alta. ¿Cómo puede contribuir la RBU a la superación de estos dos modelos?
Los defensores de la RBU creemos que esta iniciativa forma parte de la respuesta a la "nueva cuestión social": ¿cómo luchar contra el paro sin que crezca la pobreza? Tanto por su capacidad para desbloquear la trampa del paro como por su condición de red de seguridad económica, la RBU permite luchar contra el subempleo sin abandonar el combate contra la pobreza. Por supuesto, la RBU no es una solución mágica, sin políticas familiares y de educación o sin políticas ambiciosas de vivienda y acceso a la sanidad, no se puede aspirar a resolver el problema de la pobreza.
Ustedes se han declarado partidarios de la construcción de un estado social activo a partir de las dinámicas sociales que generaría o reforzaría la RBU. ¿En qué se diferencia su concepción de las versiones dominantes del estado social activo, en concreto del workfare (básicamente, pago de subsidios sociales, normalmente al empleador, que tienen como condición el trabajo obligatorio)?
El workfare es la versión coercitiva y antiliberal –en el sentido del liberalismo político– del Estado social activo. En sus versiones más extremas, el workfare puede conducir a violaciones de las libertades fundamentales y de la dignidad humana. En sus versiones menos extremas, descansa sobre la idea, muy discutible, de que la obligación es suficiente para motivar a los trabajadores. Algunos empleadores son conscientes de los efectos perversos de este modelo porque saben que el trabajo forzoso rara vez es eficaz y motivador. El workfare debe ser rechazado por razones normativas (violación de las libertades) y pragmáticas (ineficacia). La RBU también implica un subsidio a los trabajos peor remunerados, pero la ventaja decisiva respecto a los demás subsidios de este tipo es que es el trabajador quien dispone de él. Si un trabajo no es lo suficientemente prometedor, el trabajador puede retirarse del mercado de trabajo con su subsidio (su renta básica). Este poder de negociación debería permitir a los trabajadores y a sus representantes sindicales obtener mejoras sustanciales de la calidad del empleo en la parte baja de la escala de ingresos. En su versión emancipadora, el estado social activo debe proporcionar los medios para ejercer una libertad real y, especialmente, la libertad de elección de la actividad que se desea ejercer. Nosotros no quitamos importancia a la actividad pero rechazamos su identificación simple con el trabajo asalariado y con su promoción a cualquier precio.
La idea de una renta mínima garantizada proviene, en sus versiones más rudimentarias, de la Edad Media, pero no se incorporó al debate político hasta comienzos del siglo XIX, al hilo de la aparición visible de enormes diferencias entre ricos y pobres. En sus primeras versiones, la renta básica era un impuesto sobre la propiedad de la tierra que debía ser repartido entre todos (dividendo territorial) siguiendo la tradición legal medieval que defendía la propiedad común de la tierra.
Otra de las primeras versiones de la renta básica es la llamada dotación de base que se entregaría a todos los ciudadanos al entrar en la edad adulta. Esta propuesta debía financiarse con la venta de las propiedades de las personas fallecidas durante un año. Después de un largo olvido de este tipo de subsidios, dos profesores de la Universidad de Yale, Ackermann y Ascott, lo recuperaron en 1999 y propusieron una dotación de 80.000 dólares distribuida en cuatro fases para todos los jóvenes que terminaran la educación secundaria, una propuesta que habría de financiarse con impuestos sobre la herencia y sobre las grandes fortunas.
La reconstrucción del estado social en la Inglaterra de la posguerra propició un vivo debate en torno a la incompatibilidad de la pobreza con el mantenimiento de una demanda necesaria para absorber el fruto de la producción industrial en masa. En este contexto, los partidarios de los subsidios incondicionales defendieron la instauración de créditos y dividendos sociales que incrementaran el poder de compra de los pobres. Finalmente, salió adelante la propuesta de Beveridge de 1942 –un seguro social financiado con las cotizaciones de los trabajadores– que se convirtió en el modelo de seguridad social de los países europeos.
En Estados Unidos, durante los años sesenta y setenta, aparecieron diversas defensas de los subsidios incondicionales. Entre ellas destaca el impuesto negativo propuesto por el neoliberal Milton Friedman, que aspiraba a sustituir los programas de subsidios sociales por un sistema único de modestas devoluciones fiscales. Básicamente, era una simplificación de los subsidios sociales con vistas al posterior desmantelamiento del estado social. Otra propuesta destacable, mucho más acorde con el espíritu actual de la reivindicación de la renta básica, fue el demogrant, un pago automático universal que propuso el economista James Tobin. Fue precisamente en Estados Unidos, concretamente en Alaska, donde se estableció por primera vez una renta básica universal que recibe cada habitante como dividendo de las ventas del petróleo.
Durante los años noventa del pasado siglo el debate de la renta básica tomó de nuevo fuerza en Europa en el marco de las presiones neoliberales para el desmantelamiento del estado del bienestar, los recortes sociales propugnados por la Tercera Vía y el debate sobre el modelo social europeo. La reivindicación de la renta básica ha sido apoyada desde posiciones políticas muy diferentes, que van desde los ecologistas y la izquierda extraparlamentaria hasta los liberales de izquierda y la socialdemocracia clásica de los países del norte de Europa, y ha encontrado sus mayores opositores en los monetaristas neoliberales, los socialdemócratas de la Tercera Vía y los sindicatos mayoritarios. A pesar de contar con enemigos tan poderosos, la propuesta se ha debatido en varios parlamentos europeos y ha inspirado algunas formas de transición entre los subsidios condicionales clásicos y el mercado de trabajo que se han adoptado en países como Francia y Holanda.
Fuera de Europa y de los países con tradición de estado del bienestar, la propuesta ha suscitado un gran interés, especialmente en Latinoamérica y Sudáfrica. En 2004 Lula firmó una ley que instauraba la RBU en Brasil. La ley tiene muchas restricciones, está subordinada a la disponibilidad de presupuesto y se articula a través de un programa de adopción gradual que empezaría por los más necesitados. Con todo, no deja de ser un buen ejemplo de la popularidad que ha alcanzado esta reivindicación.
1. «Mi mama trabaja en lo que le resulte sea en un local o en casas de familia. nosotros no vivimos con mi papa ya que el nos avandono cuando mi mama estaba envarasada y a mi mama le queda mui duro para mantenerme. yo estudio en el tunal y mi mama tiene que concequir de alqun lado para los buses y hay veces no puedo ir al coleqio por que mi mama no tiene para darme para los buses.
y no tenemos nadie que nos colabore por que mi familia no vive en boqota por eso les aqradeciri lo del subcidi por que enberda nosotros si lo nececitamos qracias.»
2. «"El belga Philippe Van Parijs, pionero en la proposición y teorización de la RBU, la situó en el centro de una "vía capitalista al comunismo". Realmente interesante tu argumento, para serte sincero no podría estar más de acuerdo contigo.
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Angie Mimaki from retirement homes oakville»



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